Sanciones por incumplimiento del registro de viajeros

1. Marco sancionador (LO 4/2015, arts. 36–38)

El Real Decreto 933/2021 no incorpora un cuadro sancionador propio. Su régimen punitivo deriva, por remisión, de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuyos artículos 36, 37 y 38 articulan respectivamente las infracciones muy graves, graves y leves del bloque general de seguridad ciudadana. Las obligaciones de registro y comunicación impuestas por el Real Decreto se reconducen a esa estructura.

El encaje material es el que figura en los artículos 25 a 27 de la propia Ley Orgánica, que habilitan la imposición de obligaciones de registro a determinadas actividades —entre ellas el hospedaje— por razones de seguridad pública. Las infracciones del Real Decreto se sitúan, en la práctica administrativa observada desde 2025, en los tramos de infracción leve y grave, sin que la tipificación habitual haya alcanzado el escalón superior de infracción muy grave salvo casos de manifiesta intencionalidad fraudulenta o reiteración cualificada.

La consecuencia interpretativa relevante es que los principios generales del derecho administrativo sancionador —tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, prescripción— se aplican con la modulación propia del bloque de seguridad ciudadana, no con la del derecho tributario ni la del régimen turístico autonómico.

2. Infracciones leves (100 € – 600 €)

El tramo leve abarca los incumplimientos que, sin alterar la sustancia del registro, afectan a la calidad, la integridad o el plazo de la comunicación. La práctica sancionadora del primer año de exigibilidad efectiva —diciembre de 2024 a la fecha— ha consolidado cuatro tipos recurrentes en este tramo.

El primero es la comunicación fuera de plazo. Una entrada producida un sábado a las 22:00 que se comunica el lunes a las 09:00 acumula treinta y cinco horas, casi once horas por encima del límite. Se trata del incumplimiento más frecuente y, en cuantía, el más leve del tramo, especialmente cuando es esporádico y se acredita la diligencia restante.

El segundo es la comunicación parcial o incompleta. La omisión de uno o varios campos exigidos —el número de soporte del DNI, la nacionalidad real distinta del país emisor del documento, el correo electrónico— cuando los demás se envían correctamente queda en este tramo, con cuantías que dependen de la materialidad del campo omitido y de la repetición del defecto.

El tercero es el error en los datos transmitidos. Una transcripción equivocada del número de documento, un apellido erróneo, una fecha de nacimiento mal capturada que se detecta en una verificación posterior se sitúan también en el tramo leve, especialmente cuando el error es subsanable y se acredita ausencia de intencionalidad.

El cuarto, en el límite alto del tramo, son los datos falsos o inexactos sin la cualificación que los desplazaría al tramo grave. Cuando el host transmite información que sabe inexacta, pero no media un propósito fraudulento estructurado, la calificación habitual es leve en la franja superior (cercana al máximo de 600 €).

3. Infracciones graves (601 € – 30 000 €)

El salto cualitativo al tramo grave se produce en tres situaciones principales. La primera es la falta de alta como prestador en SES.Hospedajes —o en los sistemas autonómicos equivalentes cuando proceda—. Operar como establecimiento de hospedaje sin constar inscrito en la plataforma es, por sí solo, una infracción grave, con independencia de que se hayan o no comunicado datos por otras vías. La verificación cruzada entre plataformas de intermediación (Airbnb, Booking, Vrbo, Expedia) y el padrón de SES se ha convertido, desde 2025, en una de las vías más habituales de detección.

La segunda es la omisión total de la comunicación. No comunicar a los huéspedes alojados —no por retraso, no por error, sino por ausencia completa de comunicación— es una infracción grave que puede afectar a múltiples estancias y, por tanto, multiplicar la cuantía dentro del tramo. Un establecimiento que durante un semestre no ha comunicado ninguna entrada se expone a una cuantificación que rebasa con facilidad la mitad del tramo, especialmente cuando concurre la falta de alta como prestador.

La tercera es la reiteración o persistencia en infracciones leves. Una secuencia de comunicaciones fuera de plazo o de errores recurrentes, una vez requerido al sujeto obligado para que regularice, se reconduce al tramo grave por aplicación de las reglas generales de reincidencia del derecho sancionador.

Las cuantías efectivamente impuestas en este tramo, hasta la fecha y de acuerdo con la información administrativa disponible, se han concentrado en la franja baja y media (entre 1 500 € y 8 000 €), reservándose la franja alta para casos de magnitud especialmente significativa.

El salto del tramo leve al grave no es lineal: la cuantía mínima del grave (601 €) es solo un euro superior al máximo del leve, pero la calificación afecta a la prescripción, a la inscripción en registros y al efecto colateral. La diferencia material es mayor que la diferencia económica inmediata.

4. Autoridad sancionadora

En el régimen estatal —que cubre quince comunidades autónomas más Ceuta y Melilla— la autoridad competente para iniciar e instruir los procedimientos sancionadores es el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y, en su despliegue territorial, de las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia. La resolución sancionadora corresponde, según la cuantía y la gravedad, al órgano administrativo competente conforme a las reglas generales del derecho administrativo sancionador.

En Cataluña, la competencia sancionadora sobre el Registre de Viatgers dels Mossos d'Esquadra recae en la Generalitat, a través de la dirección general competente en materia de policía. En el País Vasco, corresponde al departamento competente del Gobierno Vasco en lo relativo a las comunicaciones a la Ertzaintza. En ambos casos, la autoridad central del Estado no interviene en los expedientes correspondientes al sistema autonómico.

Más allá de la autoridad directa, dos efectos institucionales colaterales son habituales tras una resolución sancionadora firme. El primero es el seguimiento por parte del registro turístico autonómico, que puede iniciar expediente propio sobre la actividad turística en sí —cuestión distinta y separada del registro de viajeros— al haber tenido conocimiento del incumplimiento. El segundo son las restricciones por parte de las plataformas de intermediación, que a partir de 2025 han incorporado en sus términos la verificación del alta del host en SES.Hospedajes como condición para mantener el anuncio activo.

5. Cómo recurrir

Las consideraciones que siguen son generales y no constituyen asesoramiento jurídico individualizado. Cualquier procedimiento sancionador concreto exige análisis singular por profesional habilitado.

Una vez notificado el acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador, el sujeto obligado dispone del plazo legal para presentar alegaciones y proponer prueba ante el órgano instructor. En esta fase es donde se sitúa la oportunidad procesal más relevante: aportar la documentación que acredite la diligencia (capturas de incidencia técnica, registros del PMS, comunicaciones con el integrador), justificar la causa no imputable o la fuerza mayor cuando concurra, y argumentar sobre la calificación o la cuantificación si el órgano instructor ha optado por interpretaciones que exceden la práctica administrativa habitual.

Frente a la resolución sancionadora, las vías ordinarias son el recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución y, una vez agotada la vía administrativa, el recurso contencioso-administrativo ante el juzgado o tribunal competente conforme a la cuantía. Los plazos son los generales del derecho administrativo —un mes para el recurso de reposición, dos meses para el contencioso-administrativo desde la notificación— sin especialidades del Real Decreto 933/2021.

Tres consideraciones generales merecen señalarse, sin perjuicio del análisis individualizado de cada caso. La primera: la documentación de la diligencia —pre-check-in, captura por PMS o servicio especializado, acuses de SES— es el elemento probatorio determinante en la práctica administrativa observada. La segunda: la ausencia de antecedentes y la regularización inmediata han tenido, en los expedientes resueltos hasta la fecha, un efecto perceptible en la cuantificación dentro del tramo aplicable. La tercera: la asistencia letrada especializada en derecho administrativo sancionador, desde la fase de alegaciones, es la inversión proporcionada cuando la cuantía propuesta es relevante o cuando concurren circunstancias particulares (representación de propietario extranjero, doble régimen autonómico–estatal, intervención de plataforma).

La mejor defensa frente a la exposición sancionadora es estructural: un proceso operativo que documente cada paso del ciclo de cumplimiento. La defensa procesal opera, en el mejor de los casos, sobre el mismo material que generó —o que debió haber generado— la operativa cotidiana.